¡A por ellos, oé!

José Antonio Aparicio – Secretario de Ciudades de la C.E.P.

Ése parece sin duda el mugido de ataque del PP de Granada para con algunos, dos y sólo dos, de los once imputados en la erección (probablemente pocas veces mejor dicha) del Centro Comercial Nevada. Miren, si no. La puesta de su primera piedra (30/09/2002) ya fue un acto tumultuoso y vitoreado, cosa común en lugares donde, por su penuria de desarrollo y hambre de empleo, cualquier promesa de ambos resulta colectiva y enfervorizadamente aplaudida. Tan así que el señor Torres Hurtado (después alcalde y entonces precandidato y miembro del consejo de RTVA, como sustento de mantenimiento entre su puesto de delegado del Gobierno en Andalucía, recién dejado por incompatible, y lo que estaba por venir), asistió también.

Verdad es que, a falta de otra etiqueta, como invitado del promotor. En invitaciones posteriores también estuvo. La última –dicen que– hace casi nada. Cuando a aquella primera piedra se le fueron añadiendo muchas más y fue apareciendo, desnudo y descarnado, el monstruo visual que lleva años vestido de negro alquitrán forzado (o sea más feo todavía), fue la Junta de Andalucía (desde que nació sin ‘peperos’ a su frente; o sea gobernantes socialistas) quien interpuso las acciones pertinentes. Después, y no antes ni primero (febrero de 2007), se adhirió el PP como acusación particular, sorprendiéndole hasta al propio juez de instrucción (Del Arco) que lo hiciera dejando al margen de sus imputaciones al promotor.

Así constaba en la noticia (16/03/07, página 36) en diario de difusión nacional referida al auto sobre el particular: bajo el titular de “El juez acusa al PP de Granada de beneficiar a Tomás Olivo” se reproducía literalmente parte de su auto: “La querella se nos antoja huérfana en el lado pasivo al omitir al promotor (…) La relación jurídica es incompleta, a nuestro juicio selectiva y parcial, y puede revestir una contradicción para la parte querellante en la instrucción”. Pero, que si quieres, señor Pérez. Llegado el momento de la concreción formal de las acusaciones provisionales, el PP se mantiene descaradamente inalterado.

Así, mientras que la Fiscalía las formula sobre once imputados: el promotor, el alcalde, el concejal de urbanismo y cuatro concejales más, y el personal técnico y jurídico interviniente (dos arquitectos, un abogado y una letrada), la acusación particular del PP las reduce a seis: el alcalde y sus cinco concejales. Y más: no sólo da por excluidos de ilícito alguno al promotor (que se lleva la pieza mayordel coto) y a los técnicos urbanistas y juristas (sobre cuya sabiduría escrita se adoptaron las decisiones de gobierno municipal), sino que agranda estrambóticamente la petición de penas para el alcalde y el concejal de urbanismo (¡A por ellos, oé!): De los dos años de cárcel solicitados por el Fiscal, el PP pide cuatro (o sea, que entren físicamente en prisión, porque con dos y sin antecedentes lo más probable es que no, pero con más de dos seguro que sí), de 20 de inhabilitación a 24, es decir, hasta para directivos del hogar del pensionista; y de 10.800 euros de multa (la misma que al promotor, al que, pobrecito él, lo liberan) a 6 millones de euros (556 veces más).

A resultas de lo cual cabe concluir que, en caso de que algún día gobiernen siquiera la Consejería de Agricultura, serán los guardas forestales o de costas quienes deberán amarrarse los machos, porque acabarán siendo los auténticos, únicos y desmesurados culpables de que los pobrecitos madereros se lleven los troncos más gruesos, los más pobrecitos cazadores se cobren las piezas mayores y los más que pobrecitos pescadores las lubinas de órdago, que en esta lógica de descarado cinismo quedarán exonerados de toda culpa. O sea, y más en la lucha desigual del urbanismo: suelta al león y perrera a los caniches. Lo suyo.

Publicado en La Opinión de Granada. 26 de febrero de 2009