Día internacional contra la explotación sexual

María Escudero Sánchez – Senadora por Granada

Recientemente ha vuelto a saltar a la arena pública el debate sobre la prostitución seguramente por la alarma generada ante la exhibición del ejercicio de la prostitución en el barrio del Raval de Barcelona, ello ha vuelto a generar ríos de tinta en los medios de comunicación y hasta iniciativas en las Cortes Generales.

Las dos posturas conocidas sobre si legalizar esta actividad o luchar para la erradicación además de simplificadoras enmascaran la realidad de un fenómeno muy complejo y que en estos momentos está vinculado a la globalización de los mercados y de la delincuencia y a la conexión entre la industria del ocio y el llamado turismo sexual que se relaciona con un aumento de la demanda de prostitución. Demanda de prostitución que es obligado disminuir, no sólo por sentido común, si queremos garantizar los derechos humanos, sino por cumplir los compromisos internacionales como el Convenio contra la trata de seres humanos de Consejo de Europa ratificado por nuestro país.

La prostitución preocupa en la opinión pública sobre todo por los problemas de convivencia que genera, y se analiza desde la actividad de las mujeres que la ejercen, pero las políticas públicas requieren una mirada más amplia y para ello es necesario entenderla como un sistema de varios elementos que se interrelacionan como son los clientes, intermediarios (empresarios, proxenetas, redes de trafico) y las mujeres prostituidas. En las Cortes Generales se ha debatido a fondo este fenómeno, se aprobaron las conclusiones de la Ponencia sobre El estudio de la situación de la prostitución en España en abril de 2007 por una mayoría parlamentaria muy amplia (PSOE, PP, CIU y PNV), de acuerdo con este mandato el Consejo de Ministros del día 15 de diciembre de 2008 aprobó el Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual que contiene 61 medidas centrando su esfuerzo en tres ejes fundamentales: lucha contra las mafias, asistencia social a las víctimas y sensibilización, prevención y coordinación. Este fenómeno es difícil de combatir, y para ello todas las administraciones tienen su papel; los ayuntamientos que deben garantizar la convivencia disuadiendo la presencia de prostitución en los espacios públicos y colaborando en la disminución de la oferta y la demanda de prostitución y las Comunidades Autónomas desplegando los servicios de atención integral a las víctimas en su territorio. También los medios de comunicación contribuyendo con la no publicación de anuncios que incrementan y fomentan la demanda. En un estado de derecho el objetivo debe ser disminuir el número de víctimas del tráfico y la trata con fines de explotación sexual y priorizar la atención a las víctimas. El camino hacia este objetivo pasa por una sociedad sensibilizada que no acepte la explotación sexual rechazando la normalización del consumo de prostitución. Al conjunto de la sociedad le corresponde preguntarse si podemos convivir con este tipo de prácticas contrarias a la dignidad humana y que constituyen una grave vulneración de los derechos humanos, un fenómeno al que ya, ONU denomina la esclavitud del siglo XXI.

Publicado en Granada Hoy. 23 septiembre 09