El Ayuntamiento encarga informes jurídicos sobre los pagos extra en TG7.

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Se pedirá la comparecencia de la exdirectora de la tele y del concejal del PP Juan Antonio Fuentes

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El Ayuntamiento de Granada va a pedir informes jurídicos y técnicos para determinar si hubo irregularidades en el pago de servicios extra de la televisión municipal TG7 con dinero de Emasagra e Inagra, hecho que desveló el viernes este periódico. Ayer, en comisión municipal, los grupos acordaron solicitar para la semana que viene la comparecencia en comisión de la anterior directora de TG7 y la siguiente del concejal del PP Juan Antonio Fuentes, entonces responsable de la televisión cuando estaba el PP en el equipo de Gobierno del Ayuntamiento y en la fecha en la que se produjeron los hechos, en el periodo 2013-2015.

Además de las comparecencias, la comisión de ayer acordó solicitar los informes jurídicos y técnicos preceptivos para determinar si ese pago fue irregular y a partir de ahí llevar el asunto a la Fiscalía, decisión que se deja a lo que digan esos informes municipales, explicó ayer el concejal de IU Francisco Puentedura, que pidió que toda esta información forme parte de las conclusiones de la comisión de investigación de la financiación de la televisión municipal de Granada.

Esta investigación llega después de saber que además de los 548.000 euros en servicios extraordinarios sin dotación presupuestaria que la productora le reclama a la ciudad, hay 315.000 euros que la productora daba por cobrados sin que el Ayuntamiento tuviera conocimiento de haberlos pagado. Para aclarar esto, el equipo de Gobierno pidió a la productora que explicara de dónde salieron esos 315.000 euros. Y la respuesta ha enredado aún más la maraña del caso TG7.

La productora desvela que el 1 de julio de 2015 Juan Antonio Fuentes firmó y convenio con Raúl Berdonés, en representación de CBM, en el que acordaban un “sistema de pagos por esponsorización” para liquidar esos servicios extraordinarios. Un convenio que además no pasó por ninguna junta de gobierno local y no estuvo fiscalizado por ningún órgano de gestión. Los sponsor fueron Inagra y Emasagra, que pagaron campañas de publicidad cuyo dinero se destinó al pago de unos servicios extraordinarios que a día de hoy siguen sin detallarse, según explicó el pasado viernes este periódico.

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