El desafío de la abstención, en clave local.

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El Ayuntamiento pide a los grupos que se inhiban en la votación para la aprobación inicial de las ordenanzas Ganarían un mes para seguir debatiendo

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Con los plazos tasados al milímetro y unas exigencias económicas que acechan a la ciudad cual sombra ataviada con una afilada guadaña, el equipo de gobierno cree que es el momento de ponerse a trabajar en unas ordenanzas fiscales y unos presupuestos “de trinchera”.

El tiempo apremia y el consenso no llega así que el concejal de Economía, Baldomero Oliver, propuso ayer a los grupos políticos que se abstengan en la votación inicial de las ordenanzas fiscales en el pleno del próximo 28 de octubre. La estrategia que plantea el responsable de las finanzas de la ciudad permitiría a la corporación municipal ganar un mes de tiempo durante el cual podrían seguir debatiendo y trabajando en unas ordenanzas que satisfagan a todos.

Hay un problema de fondo. El PP ya ha dicho que ‘no’. Así que, con este pequeño revés, al PSOE no le salen los números ya que cualquier expediente que vaya a comisión debe obtener más ‘síes’ que ‘noes’. En el supuesto de que Ciudadanos, Vamos Granada e IU se abstuvieran, el PSOE conseguiría 8 votos. El PP por si solo ya tiene 11, así que opción fallida. Al PSOE solo le queda ahora conseguir el ‘sí’ de sus compañeros de investidura. Esto permitiría sumar a los 8 concejales del PSOE los 4 de Ciudadanos, los 3 de Vamos Granada y el de IU. Resultado: 16 ‘síes’ y 11 ‘noes’.

Como ocurre en el gobierno de España el debate sobre la abstención se ha convertido en una pieza clave a la hora de dirimir el futuro de las administraciones. Y Granada no es menos.

“O el PP pone encima de la mesa propuestas y voluntad de negociación o tendremos que pedir al resto el voto afirmativo a una ordenanza que se aprueba inicialmente”, apuntó ayer Oliver, quien cree que es el momento de ver hasta qué punto el resto de grupos “están comprometidos con salvar Granada”.

Lo peor de todo es que esta aprobación inicial es un primer paso en una “larguísima” etapa que deberá acabar con un presupuesto que el propio Oliver ha calificado “de salvación”.

“Este presupuesto de salvación habría que utilizarlo como referencia para, a partir del año próximo, empezar a poner solución a todos esos problemas que parece que hemos generado nosotros en los últimos cinco meses”, declaró Oliver en respuesta a la declaración del concejal del PP, Francisco Ledesma, quien dijo el lunes que “nunca nadie había hecho tanto daño en tan poco tiempo” en alusión a los socialistas.

“Me gustaría saber dónde estaba el señor Ledesma cuando sus compañeros gastaban más de 3,5 millones de euros en la LAC sin que él pusiera ningún reparo o cuando se acumulaban horas extraordinarias por valor de hasta dos millones de euros”, se preguntaba Oliver. Ante esta situación, los dirigentes ‘populares’ plantean que “la única solución es que ellos vuelvan” pero eso “es lo que precisamente hay que evitar” pues “si algo ha demostrado el PP es que ellos son el problema”.

Pese a esta negativa inicial, el equipo de gobierno seguirá reuniéndose con todos los grupos mañana jueves y el viernes antes de que se produzca la comisión de Economía el próximo día 18. En esta sesión previa al pleno del día 28 debería haber un acuerdo de todos los grupos, si no en torno al contenido de la ordenanzas sí para abstenerse y seguir negociando. Si no es así estaremos casi con seguridad abocados a un presupuesto prorrogado también en 2017, lo cual sería un “desastre” para la ciudad.

Esta situación haría saltar por los aires los números de la capital. Teniendo en cuenta que ya tenemos varias alertas por morosidad, es probable que el Ministerio de Hacienda intervenga las cuentas del Ayuntamiento decidiendo desde Madrid dónde se hacen los recortes hasta que cuadre el desfase de más de diez millones que hay entre ingresos y gastos. Esto daría vía libre a la eliminación de todas las bonificaciones que tiene actualmente el Ayuntamiento o a la reducción de un 5% del capítulo 1 del presupuesto: personal.

De momento, el único avance que hay en las ordenanzas pasa por la aceptación por parte del PSOE de una propuesta de IU para que la eliminación de las bonificaciones por domiciliación del IBI se haga con criterios de progresividad fiscal y afecte a las rentas más altas.

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