«Granada no se puede permitir ni económica ni jurídicamente bajar el IBI».

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Baldomero Oliver, concejal de Economía y portavoz municipal, se enfrenta al reto de lograr apoyo para el presupuesto

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Desde que el PSOE llegara al gobierno de la ciudad, en mayo de 2016, no había tenido mucho apoyo de los grupos que votaron a Paco Cuenca para convertirse en alcalde -C’s, ‘Vamos, Granada’ e Izquierda Unida-. Sin embargo, hace un par de semanas, la abstención del PP permitió que el equipo de gobierno sacara adelante un plan de ajuste, que no es más que un conjunto de medidas para ahorrar dinero y aumentar los ingresos para salir de la situación de asfixia. «Este plan no nos da liquidez ni nos quita deuda. Lo que hacemos es iniciar un camino para reducirla», resume Oliver, concejal de Economía y portavoz del gobierno local.

El plan de ajuste contempla una subida del IBI por la revalorización de valores catastrales que propone el Gobierno central y que el Ayuntamiento no está en condiciones de ‘amortiguar’. ¿Hasta cuándo tendrá que subir este impuesto?

-La medida de subida de valores catastrales se mantiene en vigor mientras esté el plan económico-financiero. Hasta el año que viene, fijo. El plan de ajuste prevé un año mas. Ya veremos si ha mejorado lo suficiente la economía o tenemos que seguir aplicándolo. Las consecuencias de no cumplir esta serie de medidas podemos verlas en Madrid, que no cumplió el suyo y ha sufrido una intervención inmediata.

¿Se ha evitado el riesgo de ser intervenidos?

-Nosotros tenemos un plan económico-financiero que debería permitir que hubiera un presupuesto. Si lo incumplimos nos pueden intervenir igual que en Madrid. Este año se intentó que bajaran los tipos del IBI pero nos encontramos con dos informes demoledores de Intervención y Secretaría en contra de bajar los tipos (se llegó a cancelar un pleno convocado para bajar el IBI). Nos acusaban de asustaviejas, pero el ejemplo lo tienen en Madrid. Granada no se puede permitir bajar el IBI ni económica ni jurídicamente. Granada no puede plantearse no aplicar la revalorización de valores catastrales.

¿Cómo explica que fuera el PP el que le apoyara el plan de ajuste?

-No es un acto de buena voluntad ni procede de un acuerdo secreto. Sale de una estrategia que comparten todos los grupos políticos, que es bloquear la acción de gobierno, aunque hay grupos más sutiles que otros. Mientras unos mantienen el bloqueo con un ‘no’, que no está justificado porque se han mantenido medidas de las que han planteado, el PP lo tenía bastante más complicado. Primero, porque es un partido que tiene opciones de gobierno. Porque sabe perfectamente que la situación que provoca el plan de ajuste la han provocado ellos. Y porque saben que la pelota queda en nuestro tejado, porque ahora hay que aprobar un presupuesto sin el cual el plan de ajuste se queda cojo. Si ahora no consigo sacar el presupuesto, ya no es porque ellos no hayan colaborado.

¿Cree que resucitará la moción de censura de aquí a mayo?

-No lo sé. Es una posibilidad que está ahí. Es tan sencillo o difícil como tener la mayoría política suficiente. Esa mayoría no depende de nosotros. Yo me imagino que el problema no es sólo aritmético, sino que hay un trasfondo político, porque para una moción de censura tienes que dar una argumentación clara y contundente. Y yo creo que la gente no entendería que en un mismo mandato hubiera tres alcaldes. Si no se explica de forma sólida, la ciudadanía lo entendería como una frivolidad. Cada partido va teniendo su historia. Ciudadanos y ‘Vamos, Granada’ también.

¿Qué retos inmediatos se plantean hasta el final del mandato?

-Yo tengo uno clarísimo, tener un presupuesto después de tres años de prórrogas. Y dos, que en el tiempo que nos quede de gobierno, el plan de ajuste se cumpla. Puede parecer poco ambicioso, pero creo que sería una novedad en la política económica municipal de los últimos cuarenta años.

Cuando llegaron al gobierno anunciaron varias auditorías. Ninguna se ha terminado…

-Estamos pendientes de que nos den las conclusiones en la Cámara de Cuentas de la auditoría financiera que le han hecho al Ayuntamiento durante el año pasado y parte de este. Tengo especial confianza en que sea, por lo menos, útil. No tendría mucho sentido que reprodujéramos esa misma intervención. El propio plan de ajuste también es una auditoría en cuanto a ejecución del presupuesto. Y la de Personal la hemos querido plantear no tanto desde punto de vista punitivo, sino como una reorganización de la plantilla. La identificamos más con un plan de recursos humanos que con una caza de brujas, que no es nuestra voluntad. Más allá de que si se conocen irregularidades o incumplimientos se denunciarán.

¿Cree que están levantando alfombras, como prometieron?

-Sí. En todo caso, una cosa es levantar alfombras y acabar con malas prácticas; una cosa es adoptar una vía diferente y otra es convertirnos nosotros en detectives privados. Sobre todo cuando hay cosas que están en los juzgados. No somos jueces, ni fiscales, ni policías, ni detectives privados. El que se ha equivocado y ha malgastado dinero de los granadinos, como es el caso del PP, o ha usado de forma no correcta los servicios públicos, que políticamente lo pague. En el caso de TG7, más allá de que fiscalía lo pueda concretar, sí incidimos en que el PP es un nefasto gestor de la cosa pública. Y queremos que políticamente lo pague. Otras cuestiones dependen de otros órganos con los que estamos colaborando para que se aplique la justicia. Pero mi condición de equipo de gobierno no me obliga a vengarme.

Hace unos días se desveló un informe que apuntaba a que la Agencia Tributaria no tramitó multas en la campaña de 2015. ¿Se ha aclarado?

-Se ha abierto una información reservada para ver si la afirmación de que alguien había dado orden de no tramitar las multas durante la campaña electoral era verdad o no. Dentro de eso investigaremos. Ya se están tramitando todas. Pero en la gestión ordinaria no estoy satisfecho. Una partida presupuestaria en la que la diferencia entre derechos reconocidos netos (multas que se ponen) y lo recaudado es tan grande no me deja satisfecho.

¿Y han puesto soluciones a esto?

-Varias. No son tanto irregularidades en la gestión como un mal diseño, desde la legislación que lo regula hasta la estructura del Ayuntamiento. Buena parte de las multas corresponden a sujetos de fuera, por lo que la gestión en vía de apremio no llega a ningún sitio. Por otra parte, la configuración del modelo sancionador prevé posibilidad de recurrir y alargar el tema. También me dicen que la cuantía por multa ha bajado. Ya estamos invirtiendo en ello. Vamos a dejar una herramienta informática de gestión de multas muy potente.

También se conocieron complementos que cobró la secretaria en Gegsa, ¿se ha hecho algo?

-La asignación que estaba prevista para la secretaría había sido reconocida por los consejeros desde el año 2011, en las cuentas generales donde se reconocía la partida. La única novedad que se produce en el último año es que hay un informe de los auditores que cuestionan, no tanto la cantidad, como la vía por la que tenía que ingresarlo, si vía Gegsa o vía Ayuntamiento. Pusimos a disposición de todos los grupos las actas en las que estaban aprobadas las cuentas generales. En nuestro mandato eso ha desaparecido.

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