La capital, abocada al pago de 13 millones por una operación urbanística fallida del PP.

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El recurso de casación ante el Supremo no prospera y el gobierno local buscará ahora vías para afrontar un pago que ahonda en la quiebra de las arcas públicas.

Ayuntamiento Economía y Hacienda Urbanismo y Obras

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación que interpuso el Ayuntamiento de Granada tras la sentencia que le obligaba al pago de 13,2 millones de euros a una constructora por una sucesión de errores urbanísticos en la etapa del PP.

En una comparecencia conjunta de los responsables de Urbanismo y Economía, Miguel Ángel Fernández Madrid y Baldomero Oliver, respectivamente, han dado cuenta de este nuevo revés judicial para la capital que complica aún más el escenario económico próximo a la quiebra.

El gobierno local buscará ahora vías para afrontar la inevitable ejecución de la sentencia, que aún tardará unos meses, entre ellas la solicitud del fraccionamiento de pago en los tribunales y una negociación política con el Ministerio de Hacienda para que permita, como ya hizo con el gobierno municipal del PP, incluir el pago de esta indemnización en el Plan de Pago a Proveedores.

La operación urbanística corresponde al Plan Parcial Oeste III, en La Chana (en unos terrenos en el entorno del IES Severo Ochoa). Está inacabado y, en palabras del concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, “como poco es el resultado de un error administrativo y una negligencia política absoluta por parte del PP”.

Con dos ediles populares diferentes, primero Luis Gerardo García-Royo y después Isabel Nieto, se sucedieron los pasos que condujeron finalmente a esta situación. El origen está en la cesión de unos terrenos por parte de un promotor que desarrollaba viviendas, para destinarlos a zonsa verdes (sistema general) a cambio de la edificabilidad que ganaba para desarrollar su plan parcial. Esos terrenos cedidos no eran de su propiedad, como finalmente demostró el legítimo propietario y no pudieron inscribirse en el Registro de la Propiedad. A partir de ese momento comenzó un largo camino que el PP trató de solventar firmando un convenio con el propietario de los terrenos para pagarle en especie. Este rechazó posteriormente recibir terrenos y reclamó el pago en dinero.

El TSJA dictó en junio de 2016 una sentencia que fijaba la indemnización millonaria que el gobierno socialista trató de recurrir en casación.

Fernández Madrid ha instado al PP a que dé explicaciones y “no trate de esconderse en el PGOU”, a cuyo desfase achacó en su día la deriva de esta operación. El PGOU “puede tener sus aciertos y sus errores, pero se cambia y se somete a innovaciones”,  ha añadido el concejal para reprocharle a los populares que no digan que “se equivocaron” al aceptar parcelas que no eran de la propiedad del promotor que las cedió. “Eso es una negligencia y la va a pagar el conjunto de la ciudadanía”.

Por su parte, el responsable de Economía, inmerso en la negociación del Plan de Ajuste para salvar al Ayuntamiento de la quiebra, ha recordado que ya advirtió de la espada de Damocles que representaba la posibilidad de que se resolviera esta sentencia, como finalmente ha ocurrido. Aunque no será inmediata, pues quedan trámites judiciales por explorar y que así hará el gobierno local -“no porque la actuación municipal haya sido ejemplar, sino porque tenemos esa responsablidad”-, hacer frente al pago de estos 13 millones supone “un desajuste en las previsiones”.

Cabe recordar en este punto que el Plan de Saneamiento que el Ayuntamiento de Granada trata de sacar adelante debe liquidar en los próximos cinco años un agujero económico de 90 millones de euros. Este revés judicial “complica la situación política y económica”.

Las nuevas vías para aliviar el pago

Según ha explicado Oliver, de un lado el Ayuntamiento se centrará en la forma de ejecución de la resolución judiciaal, solicitando un fraccionamiento del pago alegando el menoscabo económico para las arcas públicas que supondría afrontarlo de una vez. Sin descartar que se intente el pago en especie.

Por otra parte, el gobierno local emprenderá una negociación política con el Ministerio de Hacienda para que acepte, al igual que hizo con el equipo del PP cuando tuvo que pagar la indemnización de 15 millones de euros por los terrenos del PTS, que se incluya esa deuda en el Plan de Pago a Proveedores. “Esperamos que la lealtad institucional sea la misma, independientemente del color del gobierno de la ciudad”, ha apuntado Oliver.

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