La capital ha recibido ya dos avisos de Hacienda por su situación financiera.

granadahoy.com

Las comunicaciones llegaron el 29 de julio y el 10 de noviembre advirtiendo del incumplimiento de la ley

Los datos permiten al Gobierno intervenir las cuentas de la ciudad en cualquier momento

Ayuntamiento Economía y Hacienda

Cuando en el año 2012 el Ayuntamiento de Granada recibía del Gobierno central los primeros 108 millones de euros para pagar las facturas atrasadas de los proveedores, además de poner la mano, adquiría unos compromisos muy serios. Las líneas maestras de este acuerdo quedaban recogidas en un plan de ajuste en el que el Ayuntamiento explicaba al Ministerio de Hacienda cómo iba a devolver todo este dinero con sus correspondientes intereses.

Por supuesto hacía propósito de enmienda para pagar las facturas de sus proveedores en el plazo que establece la ley: 60 días. Se comprometía a buscar la estabilidad presupuestaria, cumplir la regla de gasto y el límite de deuda.

Hoy, cinco años después, el Ayuntamiento incumple todos estos parámetros. La Junta de Andalucía, que es quien tutela los planes de reequilibrio de los municipios, se ha dado cuenta y a mandado tres avisos al Ayuntamiento, al igual que el Ministerio de Hacienda, que desde que los socialistas entraron en el gobierno local ya ha enviado al Ayuntamiento dos requerimientos (29 de julio y 10 de noviembre) recordándole todos estos incumplimientos.

El Ayuntamiento tiene un informe de alerta de morosidad de la intervención desde el año pasado pero es que sigue incumpliendo sistemáticamente el plan de ajuste. Con estos números Granada tiene todas las papeletas para que el Ministerio de Hacienda intervenga las cuentas y tome las riendas del Ayuntamiento pagando deudas y recortando por donde estime oportuno los gastos. Claro que si el Ministerio llegara a intervenir el Consistorio granadino tendría que hacerlo con otro buen número de ayuntamientos de toda España que están en situación de ruina técnica. El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Juan Marín, reconocía hace unos días en Granada que en Andalucía hay 61 ayuntamientos que están en situación de quiebra técnica y afirmaba que una situación económica complicada no justifica una moción de censura. “Una moción se plantea cuando se pierde la confianza en un equipo de gobierno, no cuando hay una situación económica difícil. En estos casos lo que hay que hacer es buscar soluciones”, decía.

“Antes de intervenirnos a nosotros el Ministerio tendría que intervenir a media España. La única diferencia con otros municipios es que aquí el tono de las notificaciones va subiendo de intensidad y el nivel de incumplimiento también se va intensificando, con lo cual yo empiezo a estar preocupado”, apunta el concejal de Economía, Baldomero Oliver.

Con estos incumplimientos reiterados el área de Economía confía en que si llegara un preaviso de intervención, pueda tener argumentos suficientes para demostrar al Ministerio que está trabajando en la senda correcta. En este mismo sentido iban los informes del interventor, de la secretaría, del área de Economía y de la oficina presupuestaria de hace unos días en los que advertían de la necesidad de subir el IBI en la ciudad.

Para huir de esta medida los técnicos proponían que el Ayuntamiento encontrara otra fórmula que le reportara los 2,6 millones que supone el aumento del 4% del IBI. Oliver lamenta que los grupos le obligaran a retirar la propuesta para eliminar las bonificaciones a la domiciliación del IBI y a los coches de más de 25 años, una medida con la que se conseguían 2,5 millones. “Yo creo que el interventor nos habría dicho lo mismo, pero por lo menos podríamos haberlo argumentado”, explica.

“Imagínese si le tengo que decir al Ministerio que estoy bajando los impuestos y que estoy aumentando el gasto…”, relataba el concejal del área. “Si me piden cuentas tengo que llevar los deberes hechos, y no puedo argumentar que estoy trabajando en ello si no tengo un presupuesto, si no bajo el periodo medio de pago a proveedores, si no saco al Ayuntamiento de la inestabilidad presupuestaria y si no hago nada por mejorar el nivel de ingresos”.

Oliver mira con envidia a aquellos municipios que también se acogieron a ese plan de pago a proveedores en 2012 pero que desde entonces han podido salir de esa situación e incluso ahora tienen superávit. “Ya hay ayuntamientos que no tienen deuda, que hicieron su plan de ajuste y lo han cumplido y que, por tanto, no quieran que paguemos todos justos por pecadores, quieren que si hay ‘malos’ se castigue a los ‘malos’ y si hay ‘buenos’ los dejen tranquilos”.

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