La propuesta de ordenanzas fiscales mantiene la bonificación por domiciliación del IBI.

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Para evitar la prórroga de las ordenanzas fiscales de este año, el lunes 7 sería el último día en el que se podría negociar el expediente con la propuesta del equipo de gobierno de tal modo que se pudiera convocar el día 10 como máximo el pleno extraordinario para su aprobación inicial y se publicara posteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia para abrir el mes de alegaciones previsto en la ley con idea de que el 31 de diciembre estuvieran en vigor.

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El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada, del PSOE, ha modificado su propuesta inicial para la negociación de las ordenanzas fiscales manteniendo la bonificación por domiciliación del IBI que sería progresiva dependiendo del valor catastral de los inmuebles, en el marco de las modificaciones que plantea en los impuestos municipales para conseguir aumentar los ingresos en unos dos millones de euros en el ejercicio 2017.

Según ha informado en rueda de prensa el concejal de Economía de Granada, Baldomero Oliver, el equipo de gobierno mantiene en esta propuesta la bonificación del cinco por ciento por domiciliación del IBI en los bienes inmuebles de un valor catastral de hasta 20.000 euros, mientras que para los que lo superen se aplicará una “reducción progresiva” por tramos de la bonificación que será del uno por ciento para aquellos inmuebles valorados en más de 40.000 euros.

El PSOE, que gobierna en minoría con ocho concejales de 27, mantiene la posición planteada en el inicio de las reuniones con el resto de grupos municipales de “no llevar a cabo ninguna subida de los tipos, tarifas o coeficientes que determinan la deuda tributaria” de los granadinos pues “mientras no tapemos todos los agujeros que el PP ha ido dejando abiertos en las cuentas municipales, obviamente, no nos parecía adecuado llevar a cabo una subida generalizada de los impuestos”.

Así, mantiene la propuesta de mejoras técnicas que faciliten la recaudación y gestión de determinados tributos, y medidas para incrementar los ingresos incluyendo la eliminación de la bonificación del 100 por cien del impuesto de vehículos de tracción mecánica en aquellos de más de 25 años en línea con la “proyección ambiental” que han de tener las ordenanzas fiscales.

Baldomero Oliver también ha informado de que el próximo lunes está previsto se reúna la Comisión de Economía para abordar este nuevo expediente con la idea de retomar una negociación de la que los concejales del PP se levantaron en su última reunión por la investigación judicial al alcalde, Francisco Cuenca, razón esta última por la cual el resto de grupos, Ciudadanos, Vamos Granada e Izquierda Unida, pidieron que se aplazara el debate.

Para evitar la prórroga de las ordenanzas fiscales de este año, el lunes 7 sería el último día en el que se podría negociar el expediente con la propuesta del equipo de gobierno de tal modo que se pudiera convocar el día 10 como máximo el pleno extraordinario para su aprobación inicial y se publicara posteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia para abrir el mes de alegaciones previsto en la ley con idea de que el 31 de diciembre estuvieran en vigor.

Durante ese mes, se negociaría, en paralelo al cierre de la propuesta definitiva de ordenanzas, el proyecto para el año 2017 de los presupuestos de la ciudad que actualmente tiene en vigor los de 2015 prorrogados.

Los dos millones de euros que se podrían ingresar de más con unas nuevas ordenanzas fiscales son “claramente insuficientes” siendo un montante que “no resuelve el problema de la economía municipal” pero supondría “cierto alivio” en 2017, ha explicado el también portavoz del equipo de gobierno, Baldomero Oliver, que ha recordado que el PSOE “renunció solucionar a base de subidas del IBI” este asunto.

En caso de no aprobarse, el Ayuntamiento de Granada se vería obligado a “recortar gastos” en unos presupuestos que “legalmente tienen que estar equilibrados” y que podrían entrar en vigor durante el primer trimestre de 2017, ha explicado Oliver que ha lamentado, en este sentido, que, desde principios de octubre, la postura del PP, que es el grupo mayoritario con once concejales, y “sin haber hecho la más mínima propuesta”, ya le transmitió que, en el debate de las ordenanzas fiscales, “así podía traer a la comisión gloria bendita, me iba a votar que no”.

En 2017, el Ayuntamiento de Granada se enfrenta a nuevos gastos como diez millones de euros por amortizaciones de préstamos, el “coste real” de la puesta en marcha de la Línea de Alta Capacidad del transporte urbano, o los incrementos salariales contemplados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, entre otros para que “la ciudad siga funcionando”, ha resaltado el edil granadino.

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