PSOE e IU pedirán la comparecencia de Nieto en el pleno por el Caso de la Azulejera que investiga la fiscalía.

Ambas formaciones consideran que “existen muchas dudas sobre los controles ejercidos por el área de Urbanismo y sobre el promotor al que el Consistorio adjudicó una promoción de VPO que resultó ser un fiasco”. Los vecinos siguen reclamando al equipo de gobierno la devolución “del dinero que adelantaron por unas viviendas que nunca se construyeron” y reiteran los problemas que el PP les ha puesto en todo momento para “acceder al expediente municipal”

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Los grupos municipales de Izquierda Unida y PSOE pedirán la comparecencia en pleno de la concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, para que explique “las situaciones oscuras que se han ido produciendo con respecto a la promoción de viviendas de VPO en la Azulejera”. El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Francisco Puentedura, recordó que el Caso Azulejera “está siendo investigado por la Fiscalía tras la denuncia de los adjudicatarios de las viviendas quienes usaron esta vía para poder acceder al expediente municipal de esta promoción que el PP les ha negado durante más de cuatro años”.

Puentedura detalló que “el Ayuntamiento de Granada hace varios años adjudicó a un promotor una parcela para la construcción de VPO a través del proceso de enajenación. Aunque en un primer momento se trataba de dos edificios, la promoción se redujo a un único inmueble, para más tarde sufrir una serie de cambios en la empresa promotora, que obligó a los compradores de las VPO a constituirse en cooperativistas, adelantando un dinero, que ahora les retiene el Ayuntamiento a pesar de que el empresario se ha desentendido de la promoción y ellos se han quedado sin viviendas”.

El edil de IU recordó que, ahora mismo, “hay 250.000 euros que se le tienen que devolver a los afectados, pero el PP pretende desentenderse de esta situación cuando estamos hablando de una parcela municipal. El proceso oscuro provocó además la investigación de la Fiscalía, por lo que queremos que el equipo de gobierno aclare varias cuestiones fundamentales”.

Al respecto, apuntó que ambas formaciones esperan conocer qué “mecanismos está aplicando el Ayuntamiento a la hora de dar transparencia y dar la documentación a la Fiscalía, porque desde el área de Urbanismo, durante cuatro años, se le ha negado la información y el expediente a los cooperativitas. Una documentación vital para que los afectados pudieran ejercer su derecho a defenderse y denunciar a un presunto estafador”.

Por su parte, el concejal del PSOE, Miguel Ángel Fernández Madrid, apuntó que existen indicios de negligencia por parte del área de Urbanismo por los que Nieto “tendrá que dar explicaciones” y adelantó que “las declaraciones juradas que hace el empresario para que el Ayuntamiento le adjudique la promoción no están justificaas convenientemente”. Al respecto, señaló que en el expediente “no existe documentación oficial de que este empresario estuviera al corriente de la Seguridad Social y además, hay un documento donde consta literalmente que este empresario no figura inscrito como empresario en el Sistema de la Seguridad Social, entre otras cuestiones que nos hacen sospechar”.

“Repasando las comunicaciones entre la empresa y el Ayuntamiento”, avanzó Fernández Madrid, “queda claro que alguien desde el gobierno municipal de Torres Hurtado debería haber dado la voz de alarma. Está claro que algo no iba bien en una promoción en la que unos ciudadanos se apuntan a un sorteo para comprar una vivienda de VPO, pero al final resulta que se convierten en promotores y además se quedan sin viviendas”.

Por su parte, La portavoz de los afectados, Vanesa García, avanzó que la Fiscalía sigue con la investigación “tras la denuncia que no nos quedó más remedio que presentar el pasado septiembre” y señaló que “solo cuando se ha procedido este hecho, el gobierno del PP nos ha dedo acceso al expediente”. La portavoz insistió además en que “siguen a la espera de que el Ayuntamiento les devuelva las cantidades adelantadas por sus viviendas”, que según el afectado puede oscilar entre 15.000 euros y 30.000 euros.

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