Reformar en serio

José A. Pérez Tapias – Diputado socialista

El XXX aniversario de la Constitución española el pasado 6 de diciembre nos deparó una experiencia paradójica. Salvo excepciones, las voces que hicieron una valoración –en general, positiva- de lo que han supuesto los treinta años de nuestra Ley fundamental plantearon la necesidad de su reforma. La mayoría de tales voces coincidieron en que la reforma del Senado es la más acuciante.

Lo paradójico del asunto se mostró en declaraciones subsiguientes por parte de quienes así opinaban, empezando por el presidente del Gobierno, acerca de la imposibilidad de acometer un cambio como ése si no había buen clima para el consenso. Lo malo es que la tardanza en salir de esa situación en que lo necesario es imposible nos puede costar cara en términos políticos. Quizá para provocar la superación de tan paradójica coyuntura, el Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios publicó en la prensa nacional un artículo, titulado “Treinta años…y ni uno más”, en el que apostaba a pesar de todo por la pronta reforma del Senado como Cámara de representación territorial.

Señalaba de paso Francisco Caamaño, autor de dicho artículo, que si el exitoso Estado de las Autonomías nos ha llevado a vivir en un “federalismo inconsciente”, tal desarrollo autonómico de tipo federal –funcionalmente federal o cuasifederal, como dicen algunos- ha tenido lugar sin cultura federal, aun con las reformas estatutarias de los últimos tiempos. La conclusión es que tal constatación señala una dificultad añadida para la urgente reforma de la Cámara alta, si se quiere que ella tenga lugar en el sentido federalizante en que ha ido evolucionando el Estado español.

Una cultura federal no se difunde de la noche a la mañana, como comprobamos a lo largo y ancho de la España autonómica, donde encontramos nacionalismos que se contraponen –los llamados periféricos y el españolista-, más los regionalismos alentadores de pretensiones de nacionalidad para no ser menos que los otros, es decir, para no tener menos en sus respectivas comunidades autónomas. No obstante, éstos siguen operando bajo el nacionalismo españolista que funciona como componente de una identidad hegemónica que, en tanto interiorizada por muchos, carece de distancia para someterse a revisión.

Por ahí encontramos claves explicativas de ese solapamiento de demandas autonomistas –nacionalistas y regionalistas- y de inercias centralistas que caracterizan la dinámica del Estado de las Autonomías. Esa contradicción es la que acompaña a la realidad de un Estado complejo que a través de su descentralización política ha ido, en lo que se refiere a competencias de las Comunidades, más allá que muchos Estados federales, pero que en otras cuestiones queda por detrás de federalismos consolidados.

La ciudadanía española es muy proclive a un autonomismo como el que la Constitución ha propiciado, pero a la vez muy reticente a propuestas federalistas explícitas. En unos casos porque esas propuestas colisionan con un imaginario nacionalista centralista muy arraigado y en otros, incluso entre personas sensibles a las diferencias, porque perciben esas propuestas como trampolín para una dinámica centrífuga confederal. Entre ellas se percibe un rechazo similar al que en la II República expresó Ortega y Gasset al hilo del debate sobre el Estatuto de Cataluña, apoyado por su parte desde su convicción autonomista, pero contraria al federalismo.

¿Cómo extender una cultura política federal? Esta es cuestión crucial para quienes estamos convencidos que, como ya pensaba Pi y Margall en el siglo XIX, el federalismo es la mejor solución para tejer la unidad en y desde la diversidad de España. Como señalara el político catalán, anticipándose a la respuesta que reclamaban las objeciones de Ortega, el federalismo no es un anacronismo por el hecho de que no se proponga para construir un Estado a partir de naciones previas.

Por el contrario, es solución idónea para un Estado que se descentraliza mediante pactos legítimos y legalmente amparados para responder a la pluralidad nacional que encierra, proporcionando instituciones y procedimientos para el autogobierno de las partes que lo han de integrar como realidad compuesta. La reforma del Senado será verdaderamente útil si se plantea desde un federalismo radicalmente democrático, cooperativo y pluralista, capaz de ser respuesta para un país que se mantendrá cohesionado si logra dar traducción política a su condición de “nación de naciones”.

(Publicado en la revista El Siglo, nº 815 – 22/12/08)