PSOE e IU exigen al alcalde que “controle a la concesionaria de la Ayuda a Domicilio” y aseveran que el servicio “está en riesgo de desaparecer” 13617764453_4e3b62cd22_o            Las concejalas del PSOE e Izquierda Unida, Jemi Sánchez y Maite Molina, han comparecido en rueda de prensa junto al comité de empresa de Clece, concesionaria de la Ayuda a Domicilio que presta el Ayuntamiento de Granada, para poner de manifiesto la falta de control que existe por parte del equipo de gobierno del alcalde, José Torres Hurtado, sobre el servicio que se ofrece a más de tres mil usuarios granadinos. La edil del PSOE puso de manifiesto que, a los retrasos en los pagos por parte del PP, “se suma ahora la dejadez a la hora de velar porque la empresa preste un servicio de calidad por el que los granadinos pagamos al año más de 4 millones de euros”. La dejadez municipal, para Sánchez, “está poniendo en riesgo un servicio que cuenta con más de 600 trabajadores, que cada día tienen  peores condiciones laborales”.

Sánchez puso de manifiesto que “los populares no pueden dejar que una empresa privada gestione un servicio público que pagamos entre todos, sin ningún tipo de control, sin fiscalizar, sin mediar y sin exigir. El responsable último de la prestación de la Ayuda a Domicilio es el alcalde, y los conflictos que se generan también son asunto suyo, porque nos afectan a todos los granadinos. Y más aún, si existen denuncias graves como las que ha realizado el comité de empresa”.

La edil reclamó además al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía que activen los expedientes paralizados para estos servicios y reabran las listas de espera, aunque puntualizó, que “la cruzada de Rajoy para acabar con el Estado de Bienestar, con recortes para la financiación de servicios como estos, lo dificulta”.

Por su parte, la concejala de Izquierda Unida, Maite Molina, incidió en que “el PP mantiene todavía una deuda millonaria con la empresa Clece, aunque esta empresa es claramente solvente y sigue teniendo pingües beneficios”. Así, explicó que “los trabajadores solo cobran entre 4 y 5 euros la hora y la empresa se queda por cada trabajador con otros 4 o 5 euros por lo que su margen de beneficios es absolutamente indecente”. En este sentido, puntualizó que las horas por la prestación del servicio de Dependencia se pagan a 16 euros en el caso de la Junta y 14 en el caso del Ayuntamiento, “por lo que el PP no puede permitir que la empresa esté obligando a los trabajadores a firmar unas condiciones en las que pierden horas de trabajo y, por lo tanto, sueldo, hablamos de trabajadores que cobran entre 300 y 800 euros al mes”.

Para la edil de IU, “no se puede consentir que a más de 300 trabajadores de los 647 que hoy prestan este servicio, y que son indefinidos, se les esté acosando para reducir su jornada laboral. Si no aceptan se les despide porque con la reforma laboral del PP las indemnizaciones les salen más baratas, con lo que además no se garantiza en absoluto la estabilidad laboral de los trabajadores fijos”.

Por su parte, el portavoz del Comité de Empresa, Sergio Santander, denunció “la duras condiciones laborales de los trabajadores de la empresa” quienes pusieron sobre la mesa los problemas de organización que “están generando que la prestación del servicio no ofrezca plena garantía para los usuarios”.

Al respecto, Santander explicó que los servicios se distribuyen a través de mensajes de móvil a los empleados, “y, ni siquiera, nos informan de la situación del usuario al que vamos a atender. Lo único que le interesa a la empresa es el beneficio económico, sin tener en cuenta la situación de las personas a las que atendemos a diario, que no olvidemos, en muchos casos son personas dependientes”.