José María Rueda Gómez. Secretario general del PSOE de Granada.

Mucho se ha escrito de la mal llamada, en mi opinión, reforma de nuestro régimen local, fundamentalmente sólo de algunos aspectos de la misma, quizá los más mediáticamente llamativos o impactantes, pero poco de lo verdaderamente esencial de dicha reforma, que ya, sin ambages, cabe denominar involución de nuestro rico y dinámico régimen local.

Dos han sido los calificativos que se han usado para ensalzar las supuestas bondades de esta reforma local, justamente los dos que sirven de título a estas reflexiones. Y sobre ellos, argumentaré los motivos que me llevan a rechazar que estemos ante una decisión racional y sostenible.

No es racional ni puede serlo el hecho de negar lo innegable, y es que las comunidades humanas, de la más grande a la más pequeña, tienen la inequívoca vocación de autoorganizarse, de dotarse de instrumentos que regulen su vida en común, y que, naturalmente, esos instrumentos, además de útiles para el objetivo general, permitan algo tan simple como que quien resulta elegido para regir los destinos de la comunidad, tenga capacidad de decisión.

Esta ha sido una constante en nuestra compleja historia; todas las comunidades humanas han sentido la imperiosa necesidad de disponer de una organización que los representara globalmente. La forma más elaborada de organización ha sido el ayuntamiento, de larga tradición, que aglutina todos los intereses y sectores comunitarios, les otorga valor e importancia, y eleva a categoria universalmente aceptada, el principio democrático y representativo. Quien gobierna el ayuntamiento se inviste de la autoridad necesaria para regir al conjunto, y por tanto, se le dota de las capacidades, competencias y recursos para tal fin.

Limitar, condicionar o restringir esa capacidad, más allá de la demagógica afirmación de dotar de “racionalidad” al sistema, es convertir en anécdota y en papel mojado ese fundamento representativo, que ya solo será tal, pero sin sustrato político ni decisorio debajo. Naturalmente que seguirán existiendo alcaldes y concejales, elegidos por la ciudadanía, pero estarán carentes de potestades decisorias, perdidos en un marasmo de competencias propias, impropias y compartidas que relegará su papel al de meros “mandados” de instancias superiores, que serán las verdaderas terminales del poder.

No parece que en los tiempos que corren, con la demanda de cercanía y proximidad que se expresa por la ciudadanía respecto de la representación política, se pueda calificar de racional este panorama.

Como tampoco es sostenible someterlo todo al sacrosanto principio del ahorro y el equilibrio presupuestario frente al supuesto derroche en que han incurrido nuestros ayuntamientos. De todos y todas es sabido que la planificación a corto, medio y largo plazo de la acción política ha de venir acompañada del principio de justicia distributiva entre generaciones. Una inversión en un municipio, pongamos por ejemplo, una infaestructura cultural que va a ser disfrutada por la vecindad varias decenas de años, no puede hacerse recaer solamente sobre quienes viven en ese momento. Parece justo y conveniente que el déficit que pueda generar en las arcas municipales, la inversión realizada, se reparta entre quienes van a disfrutar la infraestructura ahora y quienes van a disfrutarla dentro de 30 años. El pago de la inversión, al igual que la decisión que la sustenta, debe planificarse en el tiempo. Coartar o impedir la posibilidad de que un ayuntamiento pueda superar el estrecho corsé del equilibrio presupuestario, en aras a esa nunca acreditada sostenibilidad, para ejecutar esa inversión, es lisa y llanamente, condenar al ayuntamiento a ser un mero administrador del “día a día”, carente de capacidad de proyectar el futuro, de imaginar el mañana, y por tanto, de compartir con la ciudadanía, un proyecto de comunidad y de vida.

Y todo ello, adobado con un golpe de gracia a la propia democracia local y al propio sentimiento legítimo de pertenencia a un todo llamado municipio, que nos supera como individuos y nos proyecta en un imaginario colectivo, de tradición centenaria en nuestro país y que ha demostrado ser el mejor cauce para canalizar las relaciones entre los habitantes de una comunidad y sus representantes electos.

No parece pues, que alabar la racionalidad y la sostenibilidad como conceptos definitivos, de la reforma local que el PP nos ha impuesto, sea el camino acertado. Al tiempo

Publicado en Ideal (10/06/2014)